El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, ratificó este jueves la prisión preventiva al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros cinco imputados del caso Cobra, por su presunta participación en un desfalco de más de RD$15,900 millones a la institución, tras conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción.

El magistrado mantuvo la prisión preventiva contra Santiago Hazim y los imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes figuran en el expediente del caso Cobra.

El grupo cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

La decisión fue adoptada luego de que el magistrado acogiera el pedimento del Ministerio Público, que solicitó mantener la prisión preventiva como medida de coerción, al considerar que existe peligro de obstrucción de las investigaciones y destrucción de evidencias.

Mientras tanto, los abogados de cinco de los imputados solicitaron variar la prisión preventiva por otra medida menos gravosa. En tanto, el jurista Miguel Valerio, representante legal de Hazim, no solicitó que se sustituya la prisión preventiva por otra medida de coerción.

El abogado del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, reiteró que no están solicito variación de la medida de coerción, porque demostrara la inocencia de su representado en el juicio.

Según la investigación del Ministerio Público, la estructura criminal de corrupción desmantelada mediante la Operación Cobra era liderada por el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y operaba a través de un supuesto «comité operativo» paralelo, desde el cual se centralizaban decisiones estratégicas al margen de los canales institucionales de la aseguradora estatal.

El órgano persecutor sostiene que este mecanismo permitía agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, en violación de los requisitos legales del sistema público de salud.

Señala que el supuesto fraude incluía la adulteración de documentos, la presentación de reclamaciones falsas y la autorización de pagos sustentados en facturación simulada. También se habría gestionado la habilitación de prestadores de servicios de salud a cambio de pagos ilícitos.

Los imputados habrían utilizado empresas de carpeta y operaciones bancarias trianguladas para ocultar el origen de los fondos presuntamente desviados de las reservas técnicas de la aseguradora estatal.

El Ministerio Público atribuye al grupo su participación en un entramado que habría causado al Estado dominicano pérdidas superiores a RD$15,900 millones. Los hechos permanecen bajo investigación y las responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales.

En el expediente también figuran los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, el empresario Eduardo Read Estrella y Ada Ledesma Ubiera, quienes cumplen arresto domiciliario como medida de coerción.