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LA REPÚBLICA DOMINICANA BAJO ASEDIO: DELINCUENCIA DESBORDA LAS CALLES.

Por Lisset de los Santos.

Hay una pregunta que el Gobierno dominicano debería responder sin discursos políticos, sin ruedas de prensa y sin repetir mecánicamente que la seguridad está mejorando:

¿Se siente realmente seguro el ciudadano dominicano cuando sale a la calle?

La respuesta probablemente no debe buscarse únicamente en un informe oficial. Está en los barrios, en el colmado que instala cámaras de seguridad, en el comerciante que refuerza puertas y coloca verjas, en la persona que guarda el celular cuando llega a una esquina o en la familia que llama varias veces para saber si sus hijos llegaron a casa.

La inseguridad se puede expresar en una cifra, pero también se nota en la forma en que la gente modifica su vida para tratar de protegerse.

Hay personas que evitan determinadas calles, pagan más por un transporte, cambian sus horarios o permanecen pendientes del teléfono hasta recibir el mensaje de que un familiar llegó bien. Cuando una sociedad empieza a cambiar sus hábitos cotidianos por temor a la delincuencia, el problema merece ser mirado más allá de las estadísticas.

EL PROBLEMA NO CABE EN UNA TASA.

Durante los primeros ocho meses de 2026, República Dominicana acumuló 817 homicidios. De esa cifra, 212 fueron atribuidos a la delincuencia, equivalentes al 25.95 %; otros 385 estuvieron relacionados con conflictos sociales, 156 con acciones legales y 64 permanecían bajo investigación.

Pero hay otros datos que también deberían formar parte de la conversación. Al 31 de agosto habían sido contabilizados 4,402 robos y 183 personas heridas.

La discusión sobre seguridad no puede reducirse, por tanto, a determinar cuántas personas fueron asesinadas. El ciudadano que pierde su teléfono durante un atraco también es una víctima. Lo es el comerciante al que entran a robarle, la familia que encuentra su vivienda violentada y el trabajador que tiene que caminar mirando hacia atrás para llegar a su casa.

Muchos de esos hechos tampoco llegan a ocupar titulares ni aparecen en una conferencia de prensa.

Ahí está una parte del problema. Una estadística puede mostrar una tendencia, pero no siempre consigue reflejar cómo se siente esa realidad en la vida diaria.

EL CIUDADANO NO VIVE DENTRO DE UNA ESTADÍSTICA.

Una de las dificultades del debate sobre seguridad ciudadana es precisamente esa distancia entre el indicador oficial y la percepción de quienes viven diariamente en las calles.

Una encuesta publicada en julio de 2026 por ACD Media colocó la inseguridad entre las principales preocupaciones nacionales, con 42.8 % de los consultados identificándola como uno de los principales problemas del país.

Ese dato debería provocar una pregunta en las autoridades:

¿Por qué una parte tan importante de la población continúa sintiendo que la delincuencia representa una amenaza cotidiana?

No se trata de desconocer los indicadores que puedan mostrar avances. Se trata de entender que una política de seguridad no termina cuando mejora una cifra. Su verdadero resultado debería poder apreciarse también en el barrio, en el comercio, en el transporte y en la tranquilidad de las familias.

LOS ROBOS Y EL TEMOR COTIDIANO.

El robo de celulares se ha convertido en uno de los problemas más visibles. La propia Procuraduría General ha señalado que los teléfonos encabezan la lista de bienes más sustraídos en el país, seguidos por las motocicletas.

El nuevo Código Penal contempla el robo de celulares como una modalidad agravada y establece penas que pueden alcanzar los 20 años en determinadas circunstancias.

Sin embargo, aumentar las penas no garantiza por sí mismo una reducción del delito.

Quien delinque no necesariamente calcula solamente cuántos años establece la ley. También existe otro elemento: la posibilidad real de ser identificado, perseguido, detenido y llevado ante la justicia.

Por eso surge una pregunta que debería estar en el centro de cualquier política de seguridad:

¿Qué tan probable es que quien roba sea realmente identificado y procesado?

Una sociedad puede endurecer las sanciones, pero también necesita que exista certeza de que el delito tendrá consecuencias. Sin esa certeza, la ley corre el riesgo de convertirse en una amenaza escrita que no siempre se traduce en prevención.

¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO CUANDO EL CIUDADANO LO NECESITA?

El Gobierno ha anunciado planes, operativos, patrullajes y estrategias contra el crimen organizado, el microtráfico y los mercados ilícitos.

El problema es que la seguridad no puede depender exclusivamente de operativos que aparecen después de una crisis o de un hecho que ya ocurrió.

La prevención tiene que ser permanente.

Eso supone calles iluminadas, cámaras funcionando, presencia policial, capacidad de respuesta, investigación criminal profesional y fiscalías capaces de procesar los casos. También requiere jueces con herramientas adecuadas, control de armas, inteligencia contra las estructuras criminales y seguimiento a quienes reinciden.

Pero hay una necesidad todavía más elemental: que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentir que está entrando en un territorio donde el Estado perdió el control.

Ese debería ser uno de los objetivos básicos de cualquier política de seguridad ciudadana.

LAS ARMAS SON PARTE DEL PROBLEMA.

La circulación de armas ilegales es otro asunto que República Dominicana no puede ignorar.

Durante 2025, las autoridades reportaron haber sacado de circulación más de 6,500 armas ilegales y señalaron que este tipo de armas estaba presente en aproximadamente el 70 % de los homicidios y personas heridas registrados.

Pero la discusión no debería terminar en el número de armas incautadas.

También habría que preguntar cuántas continúan circulando, de dónde provienen, quién las vende y quién las introduce al territorio nacional.

¿Quién las utiliza? ¿Quién las financia? ¿Qué ocurre con las armas recuperadas y quién evita que vuelvan a los circuitos ilegales?

Perseguir la violencia sin investigar las redes que alimentan el mercado ilegal de armas deja incompleta la respuesta. Es como intentar secar un piso sin cerrar la llave de agua.

LA SEGURIDAD NO PUEDE SER UN ESLOGAN.

República Dominicana necesita avanzar hacia una política de seguridad que no esté basada exclusivamente en la reacción.

Cada barrio debería contar con información suficiente para saber dónde se producen los atracos, a qué horas ocurren con mayor frecuencia, qué rutas utilizan los delincuentes y cuáles son los puntos donde se concentra la actividad criminal.

También habría que conocer qué ocurre después de la denuncia.

¿Cuántos casos terminan con detenidos? ¿Cuántos llegan a los tribunales? ¿Cuántos concluyen en condenas? ¿Cuántas personas reincidentes regresan a las calles?

Sin esas respuestas, la discusión sobre seguridad queda incompleta.

El país necesita una verdadera inteligencia criminal basada en datos, que permita identificar patrones y anticiparse a ellos, en lugar de limitarse a contar cadáveres, robos y denuncias después de que los hechos ya ocurrieron.

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LOS PAÍSES MÁS SEGUROS?

República Dominicana no necesita copiar mecánicamente el modelo de ningún otro país. Pero sí puede estudiar experiencias que han logrado mejores resultados en materia de seguridad y convivencia.

El Global Peace Index 2026, elaborado por el Institute for Economics & Peace, coloca entre los países con mayores niveles generales de paz a Islandia, Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda; también sitúa a Singapur entre los primeros lugares.

Las realidades son diferentes y el índice mide la paz y la seguridad en un sentido amplio, no exclusivamente la delincuencia común. Por eso cualquier comparación debe hacerse con cuidado.

Aun así, hay experiencias que pueden servir para analizar qué elementos podrían ser adaptados a la realidad dominicana.

SINGAPUR: CONTROL Y TECNOLOGÍA.

Singapur combina una aplicación estricta de las leyes con vigilancia, planificación urbana, tecnología y capacidad institucional.

Más que copiar sus sanciones, República Dominicana podría estudiar cómo se construye una mayor certeza institucional: que el ciudadano sepa qué puede esperar de la autoridad y que quien delinque tenga una posibilidad considerable de ser detectado.

JAPÓN: PREVENCIÓN DESDE LA COMUNIDAD.

Japón ha desarrollado durante décadas un modelo de vigilancia territorial y policía de proximidad, con presencia comunitaria y conocimiento directo de los barrios.

La idea puede parecer sencilla, pero tiene implicaciones importantes: la Policía no debería aparecer únicamente cuando ocurre un delito. También necesita conocer el territorio antes de que ocurra.

ISLANDIA: PREVENCIÓN SOCIAL.

Islandia es reconocida internacionalmente por sus elevados niveles de paz. Su experiencia muestra además que la seguridad no se construye únicamente con policías y cárceles.

La prevención social, la cohesión comunitaria, las oportunidades para los jóvenes y la continuidad de determinadas políticas públicas forman parte de esa ecuación.

SUIZA Y NUEVA ZELANDA: INSTITUCIONES Y CONFIANZA.

Las experiencias de estos países también permiten observar el peso de instituciones capaces de funcionar con previsibilidad, servicios públicos eficientes y una relación de confianza entre la ciudadanía y el Estado.

No existe una fórmula única para resolver la delincuencia.

Pero sí existen elementos que República Dominicana puede estudiar: prevención, inteligencia, tecnología, policía de proximidad, investigación criminal, control de armas, justicia efectiva y recuperación de los espacios públicos.

LA CALLE TIENE LA ÚLTIMA PALABRA.

El Gobierno puede presentar informes. Los funcionarios pueden ofrecer explicaciones y las instituciones pueden mostrar estadísticas.

Pero hay una medida que resulta mucho más cercana a la vida cotidiana: lo que experimenta el ciudadano cuando sale de su casa.

Ese ciudadano sabe si puede caminar tranquilo por su barrio. Sabe si puede sacar el teléfono en una esquina. Sabe si su negocio está siendo víctima de robos. Sabe si sus hijos pueden regresar solos y, sobre todo, sabe qué ocurre cuando necesita llamar a la Policía.

También sabe si vive con miedo.

República Dominicana necesita una política de seguridad integral porque la verdadera seguridad comienza cuando el miedo deja de organizar la vida de la gente.

Mientras un ciudadano tenga que cambiar sus hábitos, limitar sus movimientos o vivir mirando hacia atrás para protegerse de la delincuencia, el desafío seguirá pendiente.

Un Estado que protege no es únicamente el que presenta mejores estadísticas. También es aquel que consigue que sus ciudadanos recuperen la confianza para caminar por sus propias calles y desarrollar su vida cotidiana sin que el miedo determine cada uno de sus movimientos.

Como decía el físico alemán Albert Einstein:

“La preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos”.

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