Por: Lisset De los Santos.

En tiempos de crisis e incertidumbre, América Latina necesita algo más que buenas teorías. Necesita líderes capaces de mirar más allá del ciclo electoral y de tomar decisiones pensando en el país que vendrá. República Dominicana no escapa a esa realidad. Si de verdad se quiere avanzar hacia un desarrollo sostenible, hace falta dejar atrás el populismo como fórmula de gobierno y recuperar una visión de Estado basada en responsabilidad, planificación y sentido de futuro.

Vale recordar una frase atribuida a Winston Churchill que resume bien esta idea: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones”. Esa diferencia, que parece sencilla, marca en realidad el rumbo de los países. Un político puede buscar aplausos inmediatos; un estadista procura construir bases sólidas para que la nación avance con estabilidad y no con improvisación.

Hoy la región enfrenta un escenario complejo. La economía sigue mostrando fragilidades, la polarización se ha vuelto parte del paisaje político y la confianza en las instituciones se ha debilitado en muchos países. En ese contexto, el populismo encuentra terreno fértil. Se presenta como una respuesta cercana al pueblo, pero con frecuencia termina ofreciendo soluciones fáciles a problemas difíciles. Habla con emoción, promete mucho y resuelve poco: mucha espuma y poco chocolate.

El problema del populismo no es solo que simplifica la realidad. También suele generar expectativas imposibles de cumplir. Promesas de corto plazo, discursos confrontativos, medidas sin respaldo técnico y decisiones tomadas para ganar simpatía inmediata terminan pasando factura. Al principio pueden producir entusiasmo, pero con el tiempo dejan frustración, deuda, inflación, deterioro institucional y una creciente desconfianza ciudadana.

Frente a ese modelo, el estadista representa otra forma de ejercer el poder. No es quien más promete, sino quien mejor entiende las consecuencias de sus decisiones. Su mirada es de largo plazo. Sabe que gobernar no consiste en complacer a todos, sino en priorizar lo que conviene al país, incluso cuando eso implique costos políticos. Mientras el populista piensa en la próxima encuesta, el estadista piensa en la próxima generación.

América Latina ofrece suficientes ejemplos para entender esta diferencia. En varios países se han aplicado políticas populistas que, aunque al principio fueron bien recibidas, terminaron agravando problemas estructurales. Controles de precios sin respaldo productivo, subsidios indiscriminados, aumento del gasto público sin planificación y nacionalizaciones improvisadas han derivado en inflación, endeudamiento, fuga de capitales y crisis fiscales. Casos como Venezuela, Argentina Nicaragua, entre otros…muestran que el populismo puede comprometer, en pocos años, avances que costaron décadas construir.

También hay ejemplos de lo contrario. Países que han apostado por la disciplina fiscal, la institucionalidad y la continuidad de políticas públicas han logrado mayor estabilidad. Chile, durante muchos años, fue un referente por sus reglas fiscales y su capacidad de enfrentar crisis externas con reservas y planificación. Uruguay ha destacado por la fortaleza de sus instituciones y por una cultura política que, con matices, permite continuidad en asuntos clave. Colombia, por su parte, ha impulsado reformas necesarias, aunque impopulares, entendiendo que no todo lo correcto genera aplausos inmediatos. Esas experiencias dejan una lección clara: crecer con equidad exige disciplina, no atajos.

En República Dominicana, ese aprendizaje es especialmente importante. El país ha logrado avances significativos en estabilidad macroeconómica, turismo, inversión extranjera y cierta confianza en sus instituciones. No obstante, sigue expuesto a la tentación del cortoplacismo político. A veces se privilegian programas sociales sin suficiente evaluación, obras públicas sin una visión integral o discursos basados en la confrontación antes que en la solución. Eso puede dar puntos en el momento, pero compromete el desarrollo futuro.

El populismo también tiene un costo político y social menos visible, pero igual de grave: empobrece la cultura democrática. Cuando todo se reduce a buscar culpables —los empresarios, la prensa, los organismos internacionales o cualquier otro actor—, se abandona el análisis serio. Se reemplaza la evidencia por la consigna, el dato por el relato y el debate por la descalificación. En ese clima, las instituciones de control dejan de verse como garantías del sistema y pasan a ser tratadas como obstáculos.

Otro rasgo preocupante del populismo es su tendencia a personalizar el poder. El líder se presenta como la única voz legítima del pueblo y todo desacuerdo se interpreta como traición. Ese esquema debilita los partidos, rompe los contrapesos y, en los casos más extremos, abre la puerta al autoritarismo. La historia de la región está llena de líderes que prometieron refundar la patria y terminaron concentrando poder, debilitando la democracia y dejando instituciones más frágiles que antes.

Por eso, hablar de estadistas en 2026 no significa hablar de tecnocracia ni de gobiernos alejados de la gente. Al contrario, ser estadista implica combinar sensibilidad social con rigor técnico. Significa comprender que los problemas actuales son complejos y que las soluciones reales requieren tiempo, constancia y seriedad.

Un buen estadista debe tener, al menos, tres cualidades esenciales. La primera es visión estratégica: entender que temas como el cambio climático, el envejecimiento poblacional, la inteligencia artificial, la migración y la seguridad ciudadana ya están moldeando el futuro. La segunda es fortaleza institucional: respetar la independencia de los poderes del Estado, fortalecer el servicio civil y proteger la política pública de los vaivenes partidarios. La tercera es coraje para decidir: decir que no a propuestas populares pero inviables, explicar con claridad por qué una reforma es necesaria y asumir el costo político de actuar con responsabilidad.

Pero esta transformación no depende solo de los políticos. También requiere una ciudadanía, medios de comunicación y un sector privado comprometidos con una cultura democrática más madura. La ciudadanía debe exigir transparencia, resultados y coherencia. Un electorado mejor informado reduce el espacio para los discursos vacíos y obliga a los líderes a rendir cuentas. Para eso hacen falta educación cívica, acceso a la información pública y una lucha real contra la desinformación.

Los medios y la sociedad civil, por su parte, tienen la tarea de elevar la calidad del debate. No basta con repetir declaraciones o amplificar conflictos. Hace falta contrastar datos, explicar contextos y ayudar a que la opinión pública entienda la complejidad de los asuntos nacionales. Cuando la conversación pública se degrada, la democracia también se debilita.

El sector privado tampoco puede verse al margen. Su compromiso con reglas claras, competencia leal y responsabilidad fiscal contribuye a crear un entorno más sano para la gobernabilidad. No se trata de buscar privilegios, sino de ayudar a construir un país donde las instituciones funcionen para todos.

República Dominicana y América Latina necesitan una agenda de responsabilidad. Los desafíos del presente no admiten improvisación: cambio climático, desigualdad, transformación digital, crimen organizado, deterioro educativo y seguridad ciudadana requieren visión de largo plazo, cooperación y políticas sostenidas. No hay fórmulas mágicas. Hay trabajo serio, planificación y acuerdos de Estado.

En el caso dominicano, eso implica avanzar en reformas concretas: mejorar la calidad del gasto público, acelerar la modernización del sector eléctrico, fortalecer la protección social sin clientelismo, elevar la calidad de la educación con metas medibles y ordenar el territorio para evitar un crecimiento urbano caótico. Ninguna de esas tareas produce aplausos inmediatos, pero todas construyen país.

La política dominicana y regional está frente a una decisión importante. Seguir apostando por el populismo solo prolongará los ciclos de frustración, deuda y desconfianza. En cambio, apostar por más estadistas abrirá el camino hacia sociedades más estables, justas y prósperas.

El momento exige menos espectáculo y más responsabilidad. Menos promesas imposibles y más gestión efectiva. Menos populismo y más visión de Estado. La ciudadanía tiene en sus manos la capacidad de premiar ese liderazgo en las urnas. Y los gobernantes tienen la obligación histórica de estar a la altura.